Ya lo decíamos hace unos años, el verdadero día del patrimonio parece ser el 21 de mayo. Por lo que los balances del último domingo de mayo lo dejamos a la prensa.
Dentro de los anuncios formulados por el Presidente de la República en su discurso del 21 de mayo, la propuesta de creación de un Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, debe ponernos atentos frente a la exigencia de una necesaria colaboración participativa que desde los actores e instituciones dedicados a éstos ámbitos desde hace décadas -universidades, asociaciones profesionales, organismos no gubernamentales y fundaciones, entre otros- debemos aportar para un mejor desarrollo de la iniciativa.
Está claro que la discusión sobre la pertinencia, necesidad y oportunidad de esta iniciativa debe quedar zanjada prontamente, integrando la experiencia técnica y profesional en este ámbito, para luego sancionar su institucionalidad administrativa, financiera y legal.
La voluntad política es lo primero, y eso siempre se agradece desde un ámbito sectorial que ha sido históricamente invisibilizado y postergado por aquellos temas de la agenda que si resultan rentables al corto plazo en rédito político y económico.
Sin embargo ese argumento en donde supuestamente los ámbitos de la cultura y el patrimonio son secundarios es precisamente el que se debe por comenzar a revertir desde el inicio de una discusión responsable e informada.
Claramente el ámbito de competencia de una cartera ministerial con ese título se debería fundar en el axioma de que el patrimonio es la base del desarrollo, y por lo tanto es un tema transversal a las agendas políticas y económicas, donde el desarrollo sustentable sobre el que se fundan los indicadores del imaginario político que Chile ha trazado desde hace unas décadas, supone estar a la altura de la cultura política de los países con mayores niveles de desarrollo.
En todos esos “países desarrollados” el patrimonio ha dejado de ser un lastre asociado al voluntarismo paternalista y nostálgico de élites más o menos conscientes y se ha integrado desde un amplio consenso ciudadano a un proyecto de construcción del desarrollo.
El argumento político que comparece en la necesidad del patrimonio dice relación con la gobernabilidad y los derechos humanos. Gobernabilidad que es clave para asumir lo que el mismo Presidente deslizó en su discurso: la condición de país multicultural. Ese “desliz” debería invocarse con fuerza para que el decimonónico valor de la identidad nacional unitaria, representada en nuestro desactualizado marco legal sobre el patrimonio, progrese hacia un reconocimiento representativo e incluyente de la diversidad actual de esa “práctica” que llamamos patrimonio.
Derechos humanos que, como hemos sido testigos recientes en el debate generado por la actual coyuntura ambiental, son de tercera generación o cuarta generación, evidenciando el hecho coincidente de que las mismas reivindicaciones patrimonialistas y ambientalistas por un desarrollo sustentable son un trabajo de solidaridad para las generaciones futuras.
Estamos ciertos que nuestros colegas responsables de materializar la iniciativa desde los sectores técnicos del Estado tienen la experiencia y el conocimiento apropiado para trabajar en la formulación de éste desafío, pero que igualmente necesitarán de nuestro respaldo frente a las instancias presupuestarias y legislativas para que el proyecto de creación ministerial se diseñe de la manera más realista posible desde una institucionalidad que debería ser la gran oportunidad para darle un significado concreto a los afanes por un desarrollo inclusivo y representativo de nuestra sociedad.
El debate internacional contemporáneo sobre el patrimonio ha demostrado que cualquier iniciativa en éste ámbito es para corredores de fondo, por lo que debemos constatar que esa carrera ya comenzó hace varios años en nuestro país.
Por lo que esperamos llegar a la meta, en el que será el verdadero día del patrimonio.
