En estos momentos un incendio voraz consume cientos de hectáreas en el Parque Torres del Paine, misma voracidad con la cual desde mañana la maquinaria del Dakar hará lo suyo consumiendo incontables bienes arqueológicos situados en su ruta.
Seguramente terminar un balance del año 2011 con estas constataciones nos pone en la vereda de lo que el filosofo francés Henri-Pierre Jeudy denominó “histeria patrimonial”, mientras que en la vereda del frente muchos otros dirán que son lamentables accidentes sobre los que sólo podemos mitigar reactivamente en la medida de lo posible.
Sin embargo para quienes tenemos como convicción un trabajo sobre el cuidado colectivo de nuestro patrimonio durante este año hemos pasado rápidamente de la histeria a la indignación y de ahí a la porfía. Porque la gestión de la obsolescencia no es lo mismo que la administración del deterioro, aunque para algunos sea la misma perdida de tiempo. Y nuestro trabajo pretende darle tiempo al patrimonio, no perderlo.
Por ello un balance posible por estas fechas no intenta ir más allá del deseo de construir una agenda que cada vez más se vaya fortaleciendo en base a diagnósticos compartidos entre los actores e instituciones que tenemos ingerencia directa en un asunto que finalmente compromete a las comunidades de todo el sistema internacional.
Esto último es una cuestión de suma relevancia en un año que se marcó en nuestra agenda nacional por los movimientos ciudadanos derivados de las reivindicaciones estudiantiles, donde el saldo hasta el momento indicaría que las prácticas en donde las comunidades quedan inconsultas sobre su propio destino no tienen mucha rentabilidad.
Fue precisamente desde el quiebre de esa exclusión que lo más significativo del año 2011 para nuestra comunidad institucional ha sido ser convocados por el Estado para participar del esfuerzo por instalar una discusión definitiva y vinculante sobre la construcción de una política pública patrimonial a través de la propuesta de modificación de actual la Ley Monumentos. La que ahora se propone como Ley de Patrimonio, cambio semántico que por fin nos pondrá a la altura de una discusión añeja en otras latitudes, pero que con la debida contextualización y responsabilidad puede convertirse en una herramienta de gran utilidad para la tarea de asumir el control y recaudo de una cantidad ingente de elementos patrimoniales.
Pese a lo auspicioso de lo anterior el efecto resiliente de nuestra indignación mantiene la porfía de nuestra insistencia en que la reconstrucción patrimonial post terremoto F27 sigue lenta, al punto que los engorrosos sistemas de adjudicación de donaciones y subvenciones hace que poblados enteros como Cobquecura o Vichuquén recién comiencen a gestionar proyectos concretos en solo un puñado de sus casas.
Esperamos que de igual modo la respuesta frente a las responsabilidades compartidas en la administración de nuestros Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial pueda finalmente equilibrar una necesaria inversión directa con una gestión que demuestre resultados, para no seguir esperando –por ejemplo- la compra y puesta en operación de una parte importante de los Ascensores de Valparaíso, elemento decisivo en el mantenimiento de su valor universal excepcional.
Sin duda este año en que la agenda Unesco estará enmarcada en las celebraciones sobre los 40 años de la adopción de la Convención de Patrimonio de Patrimonio Mundial en torno fortalecer al rol de las comunidades será decisivo en acelerar nuestras respuestas ante tantas deudas que acumulamos en torno al patrimonio, para que la indignación se convierta en producción y la histeria en historia.
José de Nordenflycht
Presidente ICOMOS Chile
foto: Peter Kroeger, Valparaíso diciembre 2011.
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